Organizado por PODER y el Centro Vincular Sesion con interpretacion al ingles, portugues y espanol, con lenguas de senas.El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU reconoce el papel fundamental de los actores financieros para avanzar en el respeto a los derechos humanos por ellos y por las empresas, así como la necesidad de la adopción de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (PRNU) entre los inversores institucionales y sobre las futuras prioridades de una inversión respetuosa de los derechos. Los PRNU y otros estándares y lineamientos internacionales dan la línea para que las entidades inversionistas institucionales adapten el respeto y protección a los derechos humanos en sus procesos de toma decisión, inversión, actuación en caso de impactos negativos y seguimiento a los mismos. Este es el caso de la Guía de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable para inversores institucionales y los Principios de Inversión Responsable (PRI). Por otro lado, también hay regulación en la materia como lo es el reglamento de la Unión Europea sobre la taxonomía de las finanzas sostenibles que exige la conformidad con los Principios Rectores como uno de los tres criterios para que la inversión se califique como sostenible.
Según el Foro de Inversión Sostenible y Responsable de Estados Unidos, a principios de 2020, sólo en este país, la inversión sostenible que incorpora factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) creció un 40% respecto a los dos años anteriores, representando uno de cada tres dólares estadounidenses gestionados por fondos de inversión. Según los PRI la COVID-19 ha servido para acelerar el interés por la inversión responsable en América Latina porque los inversores quieren recuperarse de la pandemia con una visión clara de cómo la protección de los recursos humanos y naturales permitirá un crecimiento más resistente y rápido, así como promover el desarrollo de soluciones que ayuden a generar un impacto positivo, tanto social como ambiental, para mitigar los efectos de la crisis actual, así como prevenir los futuros.
Tanto los diferentes índices de inversión sostenible que han surgido en los últimos cinco años en países de la región como Colombia, Mexico, Chile, Peru y reforzado los existentes en Brasil, como el aumento de signatarios latinoamericanos a los PRI, y acciones globales como la solicitud de inversionistas, con 5 billones de dólares en activos bajo gestión , para que los gobiernos implementen medidas obligatorias de debida diligencia en derechos humanos para las empresas nos indican un momentum para poder discutir si la incorporación de factores ASG en las decisiones de inversión está surtiendo efectos positivos en la protección de los DDHH y del medio ambiente. Actualmente, es poco claro cuáles son los criterios que utilizan los mencionados índices sustentables para incorporar a empresas que han sido señaladas de cometer graves abusos a los derechos humanos en varios países de la región. Es muy relevante profundizar sobre cuáles son las fuentes de información que toman las evaluadoras de riesgos y el tipo de involucramiento que realizan con las diversas partes interesadas. La pandemia por la Covid-19 ha traído grandes retos, violaciones a los derechos humanos y su exacerbación y mayor conciencia sobre la necesidad urgente de actuar en la materia. El Acuerdo de Escazú y las recomendaciones hechas por la REDESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de empresas y derechos humanos son fundamentales para esta conversación ahora y en el largo plazo.
1. Discutir desde diferentes perspectivas las miradas de la inversión responsable y sostenible en América Latina y mejorar el entendimiento de los distintos actores en la materia para los siguientes 10 años y posterior.
2. Ampliar el entendimiento de la necesidad de dar voz, escuchar de primera mano e involucrar de forma sustantiva a los grupos y comunidades que resultan impactadas negativamente en sus derechos humanos y ambientales e impulsar la vinculación significativa entre estos actores e inversionistas para obtener información real y de primera mano.
3. Traer a la mesa opciones para abordar la temática, reducir la brecha de información, participación, y engagement, y mejorar la forma de invertir en América Latina.
- Algunas posibles preguntas detonadoras
1. ¿El aumento de la conciencia ASG en la comunidad de inversores y gestores de activos garantiza un respeto y protección a los derechos humanos? La ONU ya dio recomendaciones en su informe de stocktaking de los 10 años de los PRNU, ¿Cómo puede dar impulso la comunidad inversionista para lograr esta garantía? ¿Cómo sabemos qué es una inversión verdaderamente responsable?
2. ¿Las leyes y mecanismos obligatorios de debida diligencia en derechos humanos deberían de desarrollarse y exigir su cumplimiento por parte de: 1. Las empresas que quieran ser listadas en las bolsas y fondos sostenibles y covid-19, 2. Las entidades inversionistas que deseen invertir en empresas públicas y privadas?
3. ¿Qué significa la vinculación significativa entre actores, incluyendo grupos y comunidades afectadas y posiblemente afectadas, y porqué debe de ser parte de una buena gobernanza y de verdadera transparencia y rendición de cuentas?
4. ¿Qué beneficios reales ha traído la inversión ASG a las comunidades que resultan alcanzadas por proyectos empresariales? ¿Cómo debería de ser una inversión responsable en las comunidades?
5. ¿Qué retos/temas relacionados a esta discusión son en los que hay que poner énfasis en los siguientes 10 años para la incorporación de los PRNU y desarrollo de mecanismos obligatorios de debida diligencia en derechos humanos y temas ambientales por parte de los sectores público y privado? Ej. Mirar los impactos diferenciados en las mujeres y aplicar la perspectiva de género a los PRNU y a la inversión responsable.
6. ¿Cuál debería de ser la reacción de la comunidad internacional, de los Estados y de las alianzas o asociaciones de inversionistas cuando las afectaciones a las comunidades y al medio ambiente no están impactando al valor accionario de la empresa responsable del daño? ¿Qué actos deberían de suceder? ¿Hay algún ejemplo?
