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Organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)Sesión en inglés, español, portugués y lenguas de señas
• Breve descripciónA diez años de la adopción de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, es notable cómo los Gobiernos de la región se han comprometido a desarrollar planes de acción naciones sobre empresas y derechos humanos (PAN), y en varios casos los han adoptado. Esas iniciativas han permitido visibilizar la importancia de la agenda de empresas y derechos humanos al interior de los Gobiernos, pero también para encaminar mayor dialogo con otras partes interesadas de la sociedad. El proyecto CERALC ha impulsado la creación de una Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre empresas y derechos humanos (CdP), conformada por 12 Estados de la región. Desde finales de 2019 y con periodicidad mensual, la CdP se ha venido reuniendo para avanzar en la implementación práctica e intercambio de lecciones aprendidas sobre los Principios Rectores. La próxima década de los Principios Rectores, llama a los Estados del mundo a redoblar sus compromisos y tomar acciones concretas para crear las condiciones habilitantes para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
Algunos de los retos destacados en el Informe del Grupo de Trabajo de balance sobre los 10 años de los Principios Rectores incluyen, por ejemplo, la importancia de elaborar PANs, asegurar una actuación coordinada de los poderes estatales y una mayor coherencia política con otras agendas relacionadas con los derechos humanos como la lucha contra la corrupción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cambio climático, entre otros. La participación con otras partes interesadas en el marco de la construcción e implementación de la agenda de empresas y derechos humanos no solo ha demostrado ser una necesidad para la legitimad sino, además, una garantía para su eficacia y continuidad. Asimismo, la pandemia ha puesto aún más énfasis en la importancia de la agenda de empresas y derechos humanos para responder a temas estructurales también como la desigualdad, pobreza, informalidad y liderar con el ejemplo, especialmente cuando se refiere al Estado como actor económico (empresas públicas y compras públicas).
Esta sesión busca entonces identificar recomendaciones de acciones concretas que pueden tomar los Estados para proteger los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales.
- Preguntas clave de la discusión
- ¿Qué acciones concretas se requieren para lograr mayor coordinación entre entidades estatales y coherencia entre policías públicas?
- ¿Cuáles serían las oportunidades y medidas concretas para mejor vincular la agenda de empresas y derechos humanos con la lucha contra la corrupción, de desarrollo sostenible, cambio climático, y erradicación de la desigualdad y la pobreza?
- ¿Cómo lo PANs pueden servir de palanca para la creación y/o fortalecimiento de un marco normativo sobre debida diligencia y para reformas legales integrales relacionadas con el derecho comercial, tributario, de minera, ambiente, propiedad y tenencia de la tierra, entre otros, así como para asegurar su cumplimiento?
- ¿Qué medidas podrían tomarse para asegurar la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo de PAN y otras políticas sobre empresas y derechos humanos?
Los PAN son herramientas de políticas públicas que, utilizados estratégicamente, sirven para incorporar los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos y honrar los compromisos internacionales; reforzar el deber del Estado de proteger los derechos de personas en situación de especial vulnerabilidad en el región (personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, rurales y campesinas; niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, migrantes, refugiadas, desplazadas, etc.); identificar los principales desafíos que presentan los distintos mecanismos de reparación judiciales, extrajudiciales y no estatales y adoptar medidas concretas para superarlos; ajustar la legislación interna relativa al derecho comercial, de sociedades y tributario para clarificar las expectativas del Estado sobre las actuaciones empresariales; abordar vacíos existentes sobre la debida diligencia empresarial y las responsabilidades de las empresas en contextos de conflicto y post conflicto; mejorar y fortalecer los sistemas de transparencia y mecanismos anticorrupción; velar por que las negociaciones de tratados de libre comercio y acuerdos internacionales de inversión, la toma de deuda externa y el acceso a préstamos e inversiones de desarrollo no vulneren los derechos humanos; entre otros.
